La Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud de la Región Metropolitana en su asamblea del 24 de septiembre ha decidido no avalar ni ser parte del estudio que aplicará el Ministerio de Salud con los test rápidos de marca LIVZON, de fabricación china, que adquirieron en el mes de mayo con la compra de un millón de estos test.
En la oportunidad, el entonces Ministro de Salud, Jaime Mañalich, lanzaba la aplicación de este tipo de test a funcionarios/as de la salud, partiendo en dos hospitales del país; el Hospital el Carmen de Maipú y Hospital Herminda Martin de Chillán. Estos pilotos se realizaron efectivamente pero nunca fueron develados los resultados, suponemos que fue porque la concordancia en pacientes con PCR positiva era muy baja.
Mañalich aseguraba que este tipo de exámenes fueron validados por el Instituto de Salud Pública, con un estudio de alrededor de 400 muestras y con resultados favorables, y que, según él, habían demostrado en un 80% la capacidad de identificar a quienes tienen anticuerpos, pero la realidad indicaba algo opuesto, existiendo numerosos reportes internacionales sobre kits que no tendrían la efectividad promocionada, es más de la lista de test rápidos que maneja el ISP, existen al menos dos productos que, de acuerdo con análisis en otros países, presentarían fallas para cumplir con su cometido de detectar los anticuerpos en el organismo de una persona, entre los que está justamente el LIVZON.
Otro antecedente que nos deja serias dudas de la motivación para la aplicación de estos test, es la forma en que fueron adquiridos, recordemos la historia de la donación con la que se inauguró el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por el empresario Juan Sutil. Una historia atravesada por procedimientos inusuales y donde se habrían perdido $4.000 de los $5.700 millones gastados en estos test. El 25 de marzo, cuando se lanzó el fondo, Juan Sutil explicó a CNN el destino del aporte del gremio “una de las medidas a cubrir podría ser, por ejemplo, la masificación de los exámenes inmediatos de detección del Coronavirus y agregó: “la principal preocupación que tiene la empresa y los trabajadores está en la continuidad laboral. Yo he manifestado que es importante que podamos mantener ciertos niveles de actividad”, dijo. Dichos que se pueden interpretar como la intención que tenía el Gobierno y el mundo empresarial por no parar la productividad por sobre la seguridad y vida de las y los ciudadanos.
En julio de este año solicitamos como gremio de la salud, vía transparencia los datos de la licitación, gasto realizado, resultados del pilotaje y confiabilidad del test y el Ministerio de Salud denegó la información por ser sensible y que se configuraba la reserva de la ley de acceso de información pública.
Si bien las autoridades de Ministerio reconocieron que los resultados de los pilotos realizados con este test no tuvieron mayor concordancia con los PCR, aun así, se distribuyeron los test a cada Servicio de Salud del país el pasado mes de septiembre y con la orden de aplicarlos a funcionarios/as de hospitales y atención primaria en una especie de estudio de seroprevalencia, lo que nos parece que solo corresponde a una medida para justificar la adquisición de estos.
Los test tienen fecha de caducidad en octubre de este año y creemos que el afán del nuevo Ministro Enrique Paris, es poder justificar un gasto irresponsable al erario de salud de este país y usar como conejillo de indias a las y los funcionarios que suficiente han tenido que soportar todos estos meses.
FEDEPRUS Metropolitana no validará este estudio y llamamos a las bases a informar a sus asociados y asociadas de los detalles antes expuesto.
Cuando hablamos de las responsabilidades de las ex autoridades y de las actuales, este es un antecedente más de su escasa preocupación por la salud y bienestar de los funcionarios /as y consideramos que solo terminaron haciendo negocios con un test de dudosa calidad que ya era cuestionado en el extranjero.