Desde el Hospital de Peñaflor, los y las funcionarias organizadas en APRUS han liderado una movilización persistente por condiciones de atención justas, dignas y sostenibles para sus comunidades. Frente al abandono estatal, el gremio se transforma en un actor clave en la defensa de la salud pública.
El hospital de Peñaflor, atiende a dos comunas que hoy representan más del 50 % de la población de la provincia de Talagante. “Desde hace décadas estamos dando atención en condiciones que ya eran insuficientes en los años setenta.” Quien habla es María Loreto Flores, presidenta del gremio Asociación de Profesionales universitarios de la salud (APRUS) del hospital, y su tono es claro y urgente. La situación del recinto no es nueva, pero ha llegado a un punto límite.
La infraestructura mezcla edificaciones sólidas y construcciones modulares instaladas después del terremoto de 1985, los mismos que siguen operativos hasta hoy. Cada intento por avanzar hacia una solución ha sido archivado o detenido. El hospital cuenta con 40 camas para hospitalización. Por ejemplo, a nivel nacional, existe un índice de 1,5 camas por habitante en general en el país y en Peñaflor el índice de posibilidad de contar con una cama es de 0,42, lo cual es un tercio menos de lo que ya es deficitario en el país.
“Desde el año 1999 se han levantado reiterados proyectos para poder llevar a cabo la normalización del hospital de Peñaflor que significa hacer un estudio de las brechas que existen en cuanto a lo que tenemos en este momento, y a lo que se proyectaría un hospital de mediana complejidad para los requerimientos de nuestras comunas. Sin embargo, esos procesos siempre han sido detenidos en algunos de los eslabones administrativos que involucra ejecutar un proyecto que ha tenido aprobación del ministerio, pero que finalmente nunca logra contar con los recursos”
Mientras tanto, el hospital debe dar respuesta a una población que no para de crecer. “Peñaflor y Padre Hurtado son las comunas que más se expanden en esta provincia, pero la política pública insiste en construir un hospital nuevo en Talagante, solo porque es la cabecera provincial. Esa es una mirada totalmente desconectada y poco integral de la realidad demográfica y de las necesidades concretas de la gente.” —comenta la presidenta de APRUS.
Este no es solo un problema técnico; las consecuencias son humanas y profundamente injustas. “Hay una nula intención de poder rescatar el gran talento profesional que hay y poder impulsarlo para que brindemos las prestaciones que demanda nuestra comunidad. Los pacientes están siendo atendidos en pasillos, en condiciones que no garantizan privacidad ni dignidad. Camillas deterioradas, poco espacio, no hay donde hospitalizar a una persona. Eso nos afecta como trabajadores, porque uno quiere hacer bien su trabajo, pero el sistema lo impide”

Esa precariedad también se sostiene con parches. “Cuando falta una sala, se arrienda una casa frente al hospital. Cuando no hay estacionamiento, se arrienda otro sitio. Se necesitan bodegas, se traen conteiner. Pero todo eso significa gastos millonarios. Es por esto que hemos empezado a trabajar en esta otra línea, investigando los gastos que se hacen,
tratando de mitigar las problemáticas, y la verdad es que los montos que se van en arriendos son abismales. ¿Cómo se explica que, hablando de escasez de recursos, se gaste tanto en soluciones temporales que no resuelven el fondo del problema y que, además, ni siquiera cumplen con normas sanitarias?” —Cuestiona la dirigente.
APRUS no ha estado sola en esta lucha. Junto a la organización madre, FEDEPRUS Metropolitana, han levantado las demandas frente a las autoridades, con mesas de trabajo, gestionado reuniones con parlamentarios y visibilizado la situación en medios. El punto de quiebre, recuerda Flores, fue cuando en la cuenta pública no se mencionó al Hospital de Peñaflor. “Eso fue una señal clarísima del nivel de abandono institucional. Desde entonces hemos intensificado la presión.”
Gracias a esas gestiones, lograron que la diputada Camila Musante intercediera y los pusiera en contacto con el encargado de proyectos del MINSAL. “En esa reunión nos dijeron que en los registros del ministerio no figura ningún proyecto de inversión para nuestro hospital. Nos prometieron interiorizarse, visitar el recinto, pero aún no tenemos una señal concreta de que esto se materialice.”
Actualmente, existe una propuesta para instalar un módulo hospitalario de dos pisos, pero el tiempo corre en contra. “Tenemos miedo de que si esto no se licita este año, con el cambio de gobierno todo se pierda. Que quede, como ha pasado tantas veces, en los papeles. Aunque tengamos el plano firmado, no hay nada que obligue a nadie a cumplirlo. Y eso es lo que más nos angustia.” —Afirma María Flores.
Los alcaldes de Peñaflor y Padre Hurtado han manifestado interés en que el hospital se quede en sus comunas, pero la decisión no está en sus manos. “El hospital es del Ministerio de Salud, y aunque el apoyo local es importante, no tiene injerencia directa. Por eso también estamos trabajando con gremios de atención primaria, buscando sumar fuerzas para exigir respuestas reales.”
Flores insiste en que esta lucha no es solo gremial. “Sí, los trabajadores estamos afectados, sobrepasados, frustrados. Pero quienes más sufren son los usuarios. Es la gente que llega al hospital y no encuentra espacio, no encuentra condiciones. Nosotros somos su voz, porque la vivimos a diario.”
Más allá del proyecto modular, la exigencia de fondo es que el Estado se haga cargo. “Lo que estamos pidiendo no es un lujo. Es infraestructura básica, condiciones mínimas para entregar una atención digna. Queremos que se respete el trabajo de los profesionales, pero sobre todo que se respete la dignidad de las personas que vienen a atenderse aquí. Ya es hora de que alguien lo escuche. Y más importante aún: de que alguien se haga cargo.”