Hoy, 15 de septiembre de 2021, dirigentes/as de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud de la Región Metropolitana se manifestaron en dependencias de la Contraloría General de la República haciendo presente la situación del extremo retraso de la revisión y toma de razón de los encasillamientos que establece la Ley 20.972 publicada en noviembre del año 2016.
El Directorio del gremio hizo entrega de una carta dirigida al señor Contralor, Jorge Bermúez Soto exponiendo la preocupación por la tardanza en la tramitación de esta ley que delegaba facultades para la modificación de plantas de la Ley 18.834, que debía beneficiar a un número importante de funcionarias y funcionarios de los Servicios Metropolitanos de Salud Sur, Norte y Sur Oriente., desde el año 2016, es decir casi 5 años esperando para que las y los trabajadores puedan recibir los beneficios que la ley establecía.
En este largo periodo de tiempo donde funcionarios y funcionarias de la salud no han podido acceder a los beneficios de esta ley, podemos dar cuenta que aún existen en la Región Metropolitana tres Servicios que siguen siendo revisados sus antecedentes, proceso que puede durar hasta 4 meses, lo que significa seguir esperando.
Durante la jornada los dirigentes/as de FEDEPRUS Metropolitana fueron recibidos por el Contralor Regional, René Morales, manifestándole que, si bien se entiende la carga excesiva de trabajo para las y los funcionarios de la Contraloría, también consideran que se debe reforzar el trabajo profesional para poder terminar por fin con este trámite.
En la ocasión, Sandra Olivares, Presidenta de la federación señaló que “es de gran preocupación para nosotros porque este proceso tiene implicancia para otras leyes ya publicadas que esperan su implementación, como la Ley 21095 y 21106.” La primera que corresponde al traspaso total de las y los funcionarios del Hospital Padre Hurtado, trabajadores que esperan desde mediados del año 2018, hacerlo efectivo de este recinto hospitalario de carácter experimental a la red pública de salud, específicamente al Servicio Metropolitano Sur Oriente.
A este escenario, se suma que la aplicación de la Ley 21.106, publicada en agosto del año 2018 y que, faculta a la modificación de plantas del servicio de salud para un traspaso en espejo de más de 7800 profesionales a la titularidad está supeditada también a la total tramitación de los encasillamientos.
No es menor el retraso en estas materias, pues implican beneficios para las y los trabajadores de la salud que cuando puedan ya ser recibidos habrá funcionarios/as que se hayan jubilado, o terminen renunciando al servicio público por las demoras administrativas demasiado excesivas.
Sin duda el sector salud debe ser prioridad para las gestiones del Gobierno y la Contraloría, porque ahora más que nunca ha quedado demostrado la importancia de que un sistema asistencial funcione y que esto es gracias a la entrega, compromiso y profesionalismo de quienes ahí trabajan y que incluso son capaces de responder frente a la adversidad y presión que ha generado una pandemia inesperada.
