El Ministerio de Hacienda ha implementado una consulta ciudadana sobre modernización al empleo público, anteproyecto que dentro de otras materias plantea la situación contractual de las y los funcionarios públicos.
Esta es la forma que el Gobierno encontró para debatir un tema tan trascendental como la empleabilidad del sector público, lo que llama bastante la atención, pues lo lógico sería que este proyecto de ley fuera discutido con los propios trabajadores/as y en las instancias que correspondan, como lo es la Mesa del Sector Público y contrariamente lo que se decide es hacer una “consulta ciudadana” habilitando un portal para tal efecto, iniciativa inédita por parte de las actuales autoridades.
Para FEDEPRUS Metropolitana, como gremio que representa a profesionales de la salud pública es inaceptable esta “innovadora” forma de legitimar un proyecto de ley, pues además de pasar a llevar a los verdaderos interesados, hay dudas sobre la intencionalidad de la participación ciudadana en esta materia y no en otras como es la corrupción o temas de seguridad.
El Gobierno citó a los gremios que son parte de la Mesa del Sector Público para informar que se enviará el proyecto el primer semestre de este año, el que incluirá la relación laboral indefinida con indemnización, fijar el mérito como requisito permanente de contratación, limitar a los asesores de confianza por parte de las autoridades de Gobierno de turno y regular el teletrabajo en el sector público. Todos estos temas antes mencionados son de gran interés para dichos gremios como para las y los trabajadores públicos en general, por ende, se han generado instancias como la Mesa del Sector Público con expertos en la materia que hoy simplemente se invisibiliza para dejar la discusión abierta a la ciudadanía, la cual no maneja la información y antecedentes necesarios sobre las condiciones laborales actuales en el sector y si bien son usuarios del sistema, eso no los hace conocedor de la interna contractual de los servicios públicos.
Una vez más este Gobierno, quien no cuenta ni siquiera con la propia legitimidad y apoyo ciudadano, deja a la vista su incapacidad de diálogo y de escucha de sus propios trabajadores/as, mostrando su lejanía con la realidad que se vive en el sector, tratando temas tan importantes para el buen funcionamiento del Estado en su conjunto de manera incorrecta, jugando con la carrera funcionaria que ha dado estabilidad y dignidad a las y los trabajadores.