Columna de Opinión
Por: Directorio FEDEPRUS Metropolitana
Como profesionales de la salud y en tiempos de pandemia, reafirmamos nuestro convencimiento de una Nueva Constitución que garantice derechos a todas y todos por igual, reflexión que hacemos ad portas del domingo 26 de abril, fecha donde deberíamos estar participando del Plebiscito Nacional para aprobar la elaboración de una renovada carta magna, acto cívico que se postergó para el mes de octubre por la crisis sanitaria en la que nos encontramos y somos enfáticos en manifestar que no aceptaremos un nuevo plazo.
Este hito eleccionario, que surge a partir de las movilizaciones de todo el país, como pueblo nos permitía tener un horizonte de esperanza, el anhelo de mejorar las condiciones sociales de quienes habitan territorio chileno, lo que nos unió y motivó a ser parte de la campaña del APRUEBO y una Convención constitucional que nos garantice que la nueva Constitución represente las necesidades de nuestro sector salud, pero todo este proceso se vio postergado por la llegada del Coronavirus que se instaló en Chile en marzo.
Esta situación de pandemia ha dejado al descubierto, aun en mayor grado, la precariedad en la que se encuentran nuestros ciudadanos y ciudadanas, ha develado el abuso de grandes empresas que se acogen a la Ley de Protección al Empleo dejando en la indefensión a miles de trabajadoras y trabajadores, cerrando empresas y finiquitado a sus empleados que requieren imperiosamente ingresos para enfrentar la pandemia, no hay soluciones concretas de parte del Estado para la situación económica crítica en la que queda la población. Por otra parte, las AFP han perdido parte importante de nuestros ahorros previsionales, solo a costa de la clase trabajadora, no existiendo leyes que protejan las necesidades mínimas de las y los ciudadanos.
Lamentamos la situación que atraviesa el país y el mundo entero, pero la ciudadanía ha entendido que un Estado fortalecido es necesario siempre, pero más aún en tiempos de crisis, porque como parte del sistema público somos importantes para mantener los servicios que requiere la comunidad: educación, salud, vivienda, transporte, telecomunicaciones, etc.
Pero si hablamos solo de salud, hoy son los establecimientos asistenciales públicos los que han salido a responder frente a la pandemia, pese a todas las precariedades históricas y evidentes existentes, las y los funcionarios públicos son quienes están en la primera línea de esta crisis. Sin esta estructura, tendríamos realidades similares a otros países, que aun teniendo alto presupuesto destinada al sector, la salud pública no existe.
Todos estos años hemos venido planteando la necesidad de fortalecer la salud pública de nuestro país, exigiendo más presupuesto, más insumos, medicamentos, personal e infraestructura. Hoy la realidad nos golpea en la cara y las autoridades salen a reconocer nuestra labor cuando por muchos años nos han vilipendiado y han hecho oídos sordos a las demandas que hoy más que nunca quedan al descubierto.
Por esto es que queremos aprovechar este 26 de abril, para reafirmar nuestra compromiso y convicción de avanzar en una nueva Constitución, que se redacte por ciudadanos y ciudadanas que nos den garantías para que la nueva carta fundamental establezca los derechos básicos de todas y todos como el derecho a la salud, al trabajo, al a educación, a la vivienda, a ambientes libres de contaminación, a la pensiones dignas, al trato igualitario y no discriminatorio, entre muchos más, donde todos los que habitan el país se sientan de verdad parte de un Chile justo.