Columna de Opinión Fedeprus Metropolitana
Cuando señalamos que la red integrada de salud que incluía a prestadores privados era una falacia y que respondía más bien a mercantilizar la necesidad de atención de la población en general, no estábamos equivocados, muestra de ello es la querella presentada por el Directorio de Clínica Las Condes contra su ex gerente general por “multimillonarios perjuicios financieros en el marco de la epidemia del Covid-19 por exceso de pacientes Fonasa recibidos en el marco de esta pandemia”
En la querella se acusa a Fredy Jacial, hombre de confianza del presidente de dicha clínica, de no informar al directorio del aumento de hospitalizados y de perder casi 8.600 millones de pesos por esta causa, alegando que superaron con largueza las 64 camas críticas exigidas por el Minsal para afiliados del sistema público en el peor momento de la crisis (117 en el mayor de los casos), consignando como delito “administración desleal”.
Esto solo demuestra la falsedad de los discursos y mensajes emanados por las autoridades sanitarias respecto de la disponibilidad de camas UCI para pacientes Covid, pues estas no estuvieron ni están aseguradas para el común de las y los ciudadanos, claro está que, para los recintos asistenciales privados esto significa una pérdida de ganancias y que los cupos son limitados en clínicas para pacientes Fonasa, priorizando siempre a los pacientes con más recursos.
Nuestra federación (FEDEPRUS) viene señalando desde siempre que el traspaso de recursos a privados no asegura una atención oportuna ni de calidad a los más desposeídos, muy por el contrario, existe discriminación al respecto y que la estrategia debiese ser el inyectar muchísimos más fondos al sector público, fortaleciendo los recintos hospitalarios de recursos humanos, insumos e infraestructura adecuada y no seguir precarizando la salud privada privilegiando a los privados quienes además consideran “como perdidas de ganancias” la atención de pacientes de Fonasa.
Teniendo en cuenta lo anterior señalado, vemos con gran preocupación como este Gobierno sigue en la lógica de traspaso de recursos a privados como lo es la iniciativa de licitación de atenciones de listas de espera de salud a través del fondo de emergencia transitorio contenido en el Presupuesto 2021, donde más de 150 millones de dólares, cifra confirmada por el propio subsecretario Alberto Dougnac se destinarán para que Salud, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), licite la resolución de la lista de espera quirúrgica de enfermedades GES y no GES, sumando a los prestadores privados con y sin fines de lucro, y si bien incluye también a los hospitales públicos produciendo fuera del horario institucional (vespertino y durante fines de semana) y a recintos asistenciales universitarios y de las FF.AA, sabemos perfectamente que la capacidad de estos últimos es limitada (por la falta de recursos) lo que hace que sean las clínicas las que tengan mayor
capacidad resolutiva para adjudicarse dichas licitaciones.
Es una vergüenza ver como se desmantela la salud publica en nuestro país, donde somos gobernados por la lógica empresarial de beneficiar a los privados, precarizando la salud pública, la cual atiende al 80 por ciento de la población y si efectivamente el interés de las autoridades estuviese en darle solución a la atención oportuna de los pacientes que llevan meses, inclusos años esperando alguna intervención quirúrgica, lo que correspondería es que el Estado privilegiara la destinación de recursos a los recintos hospitalarios públicos que cada vez se ven más afectados por las carencias diarias y condenados al empobrecimiento en la atención de quienes más los necesitan.
Hoy más que nunca vemos la urgencia que significa el cambio de Constitución, donde la salud debe ser un tema prioritario, garantizando los derechos fundamentales de las personas, donde el Estado brinde un igualitario acceso a la salud, con un sistema de calidad, atenciones oportunas y políticas de prevención sanitaria efectivas. Necesitamos que la salud se convierta en un verdadero derecho para todas y todos y no en un privilegio de quienes más tienen.