Hay que ser súper claros en indicarle a la opinión pública que esta reforma presentada por el por Gobierno carece de conceptos fundamentales como lo es la universalidad, continuando con la actual división donde los más pudientes pueden cotizar en Isapres y la población deberá seguir en un sistema impuesto, claramente desfinanciado, que no brinda igualdad de servicios de salud, donde solo por dar un ejemplo; el sistema privado contará siempre con más financiamiento para contratar especialistas o para mejorar infraestructura y/o equipamiento médico, perpetuando así la inequidad social existente en acceso a la salud.
Pero la crítica no termina en la desigualdad que esta reforma a Fonasa pretende seguir manteniendo, esta iniciativa le dará muchas más libertades para poder comprar servicio a prestadores privados, con poca regulación, logrando así seguir desmantelando la salud pública priorizando la transferencia a privados, lo que incrementa el gasto, pero beneficiando a empresarios. Tampoco toca los casos de las personas sin previsión y a los funcionarios de las Fuerzas Armadas.
El proyecto indica además la creación de un gobierno corporativo con un Consejo Directivo que le corresponderá la dirección superior de Fonasa, concentrando así una importante cantidad de atribuciones y poderes a personeros designados para estos efectos por el propio Presidente de la República, lo que solo permitirá seguir politizando las decisiones según el Gobierno de turno.
En este sentido el llamado de trabajadores/as y usuarios/as es a dejar los intereses comerciales y priorizar la inyección de más recursos a la salud pública, fortalecer un sistema universal de salud para todos por igual, sin esta dualidad que solo permite que quien tiene más reciba una mejor atención. Acá existen problemas de fondo como la falta de insumos, personal e infraestructura que queda reflejado en las largas listas de esperas de las cuales esta reforma a Fonasa debiera hacerse cargo y eso solo se logrará si de una vez por todas el Estado destina más fondos para el sector y no se sigue insistiendo con otorgar más recursos a privados.
Además, esta iniciativa emanada desde el Gobierno es a todas luces inoportuna en tiempos en que estamos ad portas de un proceso constituyente, donde claramente el tema del financiamiento de la salud en nuestro país será prioritario, por lo que lo más idóneo sería no avanzar en esta reforma que solo seguirá acentuando la inequidad ya existente, debilitando aún más el sector público.
Este actuar insistente del Gobierno deja de manifiesto, una vez más, la nula desconexión de las autoridades y parlamentarios sobre el Chile actual y el cambio estructural que requiere. Ni la pandemia ni el estallido social han logrado que quienes hoy toman las decisiones del destino de nuestro país puedan logren gobernar y legislar en beneficio de todas y todos y no de unos pocos.